El proyecto de reforma laboral que ingresó al Congreso presenta una debilidad fundamental: la escasa sensibilidad hacia los problemas específicos de las empresas más chicas, según un análisis reciente del Instituto de Desarrollo Social Argentino (IDESA).
Si bien uno de los objetivos centrales de la reforma es promover la formalización laboral, el documento advierte que la propuesta, tal como está concebida, podría no motorizar un proceso masivo de blanqueo de trabajadores al no abordar los factores que inciden mayormente en la informalidad del sector de micro y pequeñas empresas.
El informe destaca que, de acuerdo con datos del INDEC, el 40% de los asalariados privados son informales.
El dato más relevante es la distribución de esa informalidad: el 80% de los trabajadores informales se concentra en microempresas con menos de 10 empleados, y un 16% adicional se encuentra en empresas con entre 10 y 100 trabajadores (PyMEs).
Esto implica que la informalidad en las empresas más grandes es solo “marginal”.
La distribución de la informalidad laboral asalariada por tamaño de empresa es la siguiente:
Micropymes (menos de 10 trabajadores): 80%
Pymes (entre 10 y 100 trabajadores): 16%
Grandes empresas (más de 100 trabajadores): 4%
Esta concentración de la informalidad en el segmento de menor tamaño empresarial indica que el foco de la reforma debería estar en resolver las problemáticas que aquejan a ese segmento, donde se genera el 80% del empleo informal.
Las propuestas focales para PyMEs
IDESA identifica dos grandes factores que inciden en la informalidad masiva de las empresas chicas: la imposibilidad de aplicar los convenios colectivos de actividad y las elevadas cargas sociales.
En este sentido, el informe propone que el Congreso añada al proyecto dos herramientas complementarias con “potencia suficiente para inducir una fuerte formalización laboral”:
1. Negociación colectiva: exclusión de convenios
Se recomienda establecer que los convenios colectivos de actividad no sean obligatoriamente aplicables a empresas con menos de 10 trabajadores (microemprendimientos).
La justificación es que los convenios de actividad fueron diseñados originalmente para empresas grandes y se encuentran obsoletos por falta de actualización a lo largo de las décadas.
De implementarse esta medida, las microempresas solo deberían respetar la legislación laboral de base (Ley de Contrato de Trabajo, jornada, salario mínimo, etc.).
Para las empresas medianas, se sugiere la posibilidad de “desengancharse” del convenio sectorial y celebrar un convenio de empresa con sus propios trabajadores.
2. Cargas sociales: mínimo no imponible
Para aliviar los costos laborales, la propuesta más directa y menos costosa fiscalmente es establecer un mínimo no imponible sobre la masa salarial para el cálculo de las contribuciones patronales.
El documento cita la propuesta del Consejo de Política Social (organismo gubernamental), que planteó un mínimo no imponible mensual de $5.000.000 en la masa salarial.
Este costo fiscal se estima en alrededor del 0,23% del PBI.
El informe destaca la eficiencia de esta medida al compararla con el costo proyectado para el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) –que se estima en el orden del 0,5% del PBI, señalando que con un costo fiscal “más acotado” se podrían aliviar sustancialmente los costos de las micro y pequeñas empresas.
En conclusión, el estudio subraya que el proyecto de reforma laboral incluye muchas normativas en la dirección correcta, pero su principal deficiencia es no contemplar las medidas específicas de flexibilización y alivio fiscal que demandan las PyMEs, segmento que concentra la inmensa mayoría de la informalidad laboral asalariada en el país.
La incorporación de la exclusión de convenios y el mínimo no imponible a la masa salarial son presentadas como la vía para que la reforma pueda realmente lograr el objetivo de una formalización masiva.
