Organizaciones como la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham) y el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) expresaron su preocupación por la designación de los jueces Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para la Corte Suprema por decreto.
AmCham, que nuclea a más de 700 empresas que representan un importante porcentaje del PBI, la recaudación fiscal, las importaciones y las exportaciones del país, advirtió que este tipo de medidas pueden opacar los esfuerzos por impulsar el crecimiento y atraer inversiones.
La institución señaló que la designación extraordinaria y transitoria de los jueces a la Corte Suprema puede afectar la previsibilidad que el país necesita para consolidar su crecimiento.
IDEA, por su parte, consideró que la designación por decreto debilita la calidad de las instituciones y contradice los valores republicanos.
La organización, que representa a más de 580 empresas que producen el 50% del PBI y del empleo privado a nivel nacional, hizo un llamado a fortalecer la institucionalidad como condición indispensable para generar la confianza que permite atraer las inversiones necesarias para el desarrollo futuro del país.
Ambas organizaciones coincidieron en que la seguridad jurídica es un pilar fundamental para la competitividad y el crecimiento sostenido.
“La designación de jueces en comisión, quienes podrían ser removidos en cualquier momento por el Congreso, debilita la estabilidad judicial y afecta la confianza en sus fallos, lo que podría derivar en la nulidad de sus sentencias. Cualquier decisión tomada por una Corte integrada de forma excepcional y temporaria quedaría expuesta a cuestionamientos sobre su validez y legalidad”, señalaron en AmCham.
“Cualquier decisión tomada por una Corte integrada de forma excepcional y temporaria quedaría expuesta a cuestionamientos sobre su validez y legalidad. Es fundamental que el Senado asuma su responsabilidad y trate los pliegos de los candidatos propuestos por el Ejecutivo, ya sea para aprobarlos o rechazarlos dentro de los plazos razonables”.
“Desde el punto de vista del clima de negocios, la imprevisibilidad institucional y la falta de reglas claras, erosionan como nos ha ocurrido en el pasado último la confianza de los actores económicos y alejan las inversiones necesarias para el desarrollo del país. La seguridad jurídica es un pilar fundamental para la competitividad y crecimiento sostenido, y su debilitamiento solo contribuye a demorar la recuperación económica y social que requiere la República Argentina”, finalizaron.
